Cuando dos cónyuges solicitan el divorcio, la distribución de los bienes se convierte en un aspecto fundamental de las negociaciones. Aunque los cónyuges que se divorcian en Washington harían bien en centrarse en la división de bienes y en la manutención de los hijos o del cónyuge, ninguna de las partes puede pasar por alto las deudas acumuladas. Alguien tiene que pagar las obligaciones pendientes, y el proceso de divorcio podría determinar quién lo hace.
Deudas y divorcio
Washington es un estado de régimen de comunidad de bienes, lo que significa que La deuda suele repartirse a partes iguales. Según las leyes de la sociedad conyugal, aunque uno de los cónyuges acumule deudas con una tarjeta de crédito, el otro cónyuge puede ser responsable del 50 % de dichas obligaciones. La deuda forma parte de la “relación conyugal” entre ambos cónyuges.
Las parejas que se divorcian deben saber que las deudas contraídas por uno de los cónyuges antes del matrimonio no pasan a formar parte del patrimonio conyugal. La deuda no se considera bien ganancial porque la pareja aún no estaba casada en el momento en que una de las partes la contrajo.
La deuda como tema central durante el divorcio
Pueden influir otras circunstancias en distribución de la deuda durante el divorcio. Por ejemplo, uno de los cónyuges podría verse involucrado en actividades fraudulentas o delictivas, lo que daría lugar a deudas desconocidas para el otro cónyuge. El cónyuge inocente podría explorar opciones que le permitan liberarse de dichas obligaciones.
En cuanto a las deudas tributarias, el IRS cuenta con políticas y normas para los cónyuges inocentes y perjudicados. Recurrir a estas medidas podría dar lugar a que el IRS falle a favor del cónyuge que solicita la exención. Sin embargo, el proceso podría llevar tiempo, dependiendo de la carga de trabajo de la agencia.
Los acuerdos prenupciales o posnupciales pueden influir en cómo se reparten las deudas y los bienes en caso de divorcio. El acuerdo puede establecer cómo se reparten las deudas entre las partes, dejando a uno de los cónyuges con una mayor cantidad de obligaciones. Sin embargo, para que sean válidos, dichos acuerdos deben cumplir con la legislación estatal.
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